Mañana, 26 de febrero, en el COMT: la vulneración de derechos y la crisis humanitaria y sanitaria de Nicaragua contadas por un médico

Será el médico nacional del país latino, Ricardo Pineda Gadea, obligado a huir de su país tras ser amenazado de muerte, quien explicará “la persecución, amenazas  y extrema violencia con que son tratados los profesionales sanitarios” por cumplir con la obligación de atender a los cientos de civiles heridos.

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo ha organizado para el próximo martes, 26 de febrero, a las 19.00 horas, en la sede colegial, un acto en el que el médico nicaragüense Ricardo Pineda Gadea, Dr. en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y ex directivo de la Asociación Médica Nicaragüense, va a explicar “la grave crisis humanitaria y sanitaria” que atraviesa su país desde las protestas cívicas de estudiantes y población general del pasado mes de abril, por la vulneración de los derechos humanos internacionales del gobierno, que está impidiendo a los profesionales sanitarios, con extrema violencia, bajo persecución y amenazas de muerte, que atiendan a los heridos.

El Dr. Pineda Gadea, a pesar de las prohibiciones, organizó y prestó asistencia a heridos,  y tras ser publica y gravemente amenazado de muerte se vio obligado a huir de su país. Ahora, tras su llegada a España,  invitado al III Congreso de Cooperación Internacional de la OMC que se ha celebrado los pasados 21 y 22 de febrero en Santiago de Compostela, nos contara su experiencia personal así como todos los acontecimientos que han derivado en la situación actual tanto sanitaria como humanitaria que vive el pueblo de Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega.

El 26 de junio del 2018 la Confederación Latino Iberoamericana de Entidades Medicas (CONFEMEL), conmovidos por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Nicaragua, la extrema violencia en general contra manifestantes y movimiento ciudadano así como contra los profesionales sanitarios dirigía a los Gobiernos y Organizaciones Internacionales ante los atentados contra los derechos humanitarios emitió un comunicado que describía entonces la gravedad de lo que ocurría y  repudiaba “el uso sistemático y desmedido de la fuerza por parte de organismos del Estado para reprimir y perseguir a quienes legítimamente hacen uso de su derecho a manifestarse, y a quienes buscan coaccionar a los integrantes del equipo de salud para que no brinden asistencia a las víctimas del terrorismo de estado, situación digna de las más oscuras páginas de nuestra historia”.

También la Asociación Médica Mundial (AMM) hizo pública su condena al colapso en el que está sumido el sistema público sanitario en Nicaragua y  recriminó los ataques contra los profesionales y centros sanitarios. Su presidente, el Dr. Yoshitake Yokokura,  lamentó el colapso también de la ética médica y de los derechos humanos, así como los ataques contra los trabajadores de la salud, los vehículos médicos y los hospitales. “La AMM respalda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al pedir al Gobierno nicaragüense que ponga fin de inmediato a este estado de cosas” y concluyó que “el Gobierno de Nicaragua tiene el deber de poner fin a esta clara violación de los derechos humanos. Es su deber garantizar que la atención básica de salud se restablezca sin demora y que el personal de atención médica y las instalaciones médicas estén protegidos “.

Finalmente, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ante la situación de catástrofe sanitaria que atraviesa Nicaragua manifestó su total “solidaridad con los médicos nicaragüenses que actualmente ven impedido el más elemental ejercicio humanitario de atender a los heridos” e hizo un llamamiento a la urgente necesidad de poner fin a los actos de violencia, represión y tortura hacia el personal sanitario y hacia el ejercicio de la Medicina que se basa en el cumplimiento del Código Deontológico.

Asimismo, denunció el incumplimiento de la resolución mº2286 (2016) adoptada por Naciones Unidas en relación con la protección de los civiles y personal sanitario en los conflictos armados y subrayó la importancia de que la comunidad internacional y el Gobierno de España cooperen con los tribunales internacionales para que estos actos no queden impunes.