El Observatorio de Agresiones de la OMC reclama un Plan Nacional para hacer frente a esta lacra

El 11 de marzo de 2009, la doctora María Eugenia Moreno, una médica residente a punto de finalizar el MIR de Medicina de Familia murió asesinada por un paciente mientras ejercía su trabajo en el centro de Salud de Atención Primaria de Moratalla (Murcia).  Desde entonces, la Organización Médica Colegial conmemora cada año el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios como homenaje a esta médica y otros muchos compañeros y compañeras agredidos en el ejercicio de su actividad, que suman cerca de 4.000 desde que se empezaron a computar datos a través de los Colegios de Médicos de toda España.

Este hecho fue el detonante para poner en marcha el Observatorio Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario de la Organización Médica Colegial (OMC) para visibilizar el problema y aunar los esfuerzos que hacen  cada uno de los Colegios de Médicos frente a esta lacra e inició un movimiento profesional para sensibilizar a los profesionales de la medicina, sanitarios, Administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ciudadanos sobre este problema.

Agresiones físicas, insultos, amenazas, injurias, intimidaciones o maltrato   forman parte de la violencia contra los profesionales de la salud, una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre médico-paciente y demás profesionales sanitarios, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben los propios pacientes.

Bajo el lema “Ante las agresiones, tolerancia cero”, la OMC quiere visibilizar estas situaciones que representan un problema social, detrás del cual hay un entramado causal de gran complejidad que favorece las situaciones de conflicto, en medio del dolor y el sufrimiento de los pacientes. “Respetar a tu médico, cuidar de todos” recoge el espíritu de nuestro objetivo.

La consideración de las agresiones como delito de atentado contra una autoridad, desde 2015, y la puesta en marcha del Interlocutor Policial Nacional Sanitario en 2017 han sido dos logros muy importantes a la hora de afrontar este grave problema. La Policía Nacional ha presentado este año, por primera vez, los datos de agresiones registrados a lo largo de 2018. Y a ellos habría que sumar los de la Guardia Civil, la Policía Local y las Administraciones sanitarias, lo que nos acercaría a la realidad de las agresiones producidas que, actualmente, con los datos de los Colegios de Médicos, solo suponen la punta de un iceberg.

Los ministerios de Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las CC.AA. han sido de gran ayuda para combatir este problema que requiere medidas de prevención y protección para garantizar el ejercicio seguro de la atención sanitaria y medidas para proteger a los profesionales y, con ellos al conjunto del sistema sanitario, un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva.

Por todo ello, desde el Observatorio Nacional contra las Agresiones se ha publicado un decálogo en el que se reclama:

1- Que las agresiones sean consideradas como delito de atentado contra la autoridad en el ámbito privado al igual que en el ámbito público.

2- Que las agresiones tipificadas como delito contra la autoridad tengan la misma consideración en todo el territorio nacional

3-Que las amenazas, insultos e intimidaciones sean considerados agresión y, por tanto, delitos contra la autoridad.

4-Que todos los centros, tanto públicos como privados, cuenten con planes de prevención de riesgos laborales, establezcan protocolos de actuación ante las agresiones y contemplen medidas de seguridad, tanto en hospitales como en centros de salud.

5-Que las Administraciones sanitarias tomen medidas especiales en aquellos casos en los que profesionales hayan sido agredidos con anterioridad.

6-Que las Administraciones junto con el Interlocutor Policial Nacional Sanitario establezcan y coordinen programas de formación para que los profesionales adquieran las competencias necesarias a la hora de afrontar situaciones de riesgo y/o conflictivas.

7-Que las Administraciones sanitarias promuevan campañas de sensibilización y de concienciación a la sociedad, de respeto a los profesionales y utilización responsable de los servicios sanitarios.

8-Que se establezca un Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios con datos de las Administraciones sanitarias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Colegios profesionales para conocer con rigor todos los datos y establecer un mapa de riesgo para una mejor actuación.

9-Que la calidad asistencial y la plena confianza en la relación médico-paciente y con otros sanitarios no se vea empañada por un problema de violencia.

10- Que se cree un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen todos los implicados: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Interior, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, CC. AA, consejos generales de las profesiones sanitarias y plataformas de asociaciones de pacientes.