El CGCOM y FACME proponen implantar el certificado responsable del ciudadano para las incapacidades transitorias de tres días o menos de duración
En representación a la práctica totalidad de los médicos y médicas españoles, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. Tomás Cobo, y el presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME), el Dr. Javier García Alegría, han escrito una carta a la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmela Armesto, en la que trasladan esta propuesta
“Como conoce bien, la solicitud de expedición de estos certificados genera millones de consultas de carácter burocrático para los médicos de atención primaria en toda España”, refieren en la misiva los doctores Tomás Cobo, presidente del CGCOM, y Javier García Alegría, presidente de FACME, a la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmela Armesto.
Cuando hablamos de burocracia en la atención sanitaria “nos referimos al conjunto de tareas o procedimientos derivados o relacionados con la actividad asistencial que implican la generación de documentos escritos, lo que no debe entenderse necesariamente de manera negativa porque hay actividades burocráticas que se derivan de un acto asistencial y que, por tanto, son necesarias”, señalan en la carta ambos presidentes.
La incapacidad transitoria (IT) que se deriva de una consulta médica en la que se prescribe el reposo es una de las actividades burocráticas necesarias. Sin embargo, numerosos certificados de IT se producen a demanda del paciente, tras haber guardado reposo en su domicilio durante tres días o menos, no existiendo método científico-técnico alguno para poder verificar si existe causa médica que justifique la IT, lo que genera inseguridad jurídica para el médico que certifica la IT a petición del ciudadano basándose exclusivamente en su declaración. La certificación de estas IT es, por tanto, una actividad burocrática innecesaria, pues no se deriva de una prescripción asistencial, sino que tiene un carácter fedatario de la declaración del ciudadano.
Algunos países como el Reino Unido y recientemente Portugal han implantado el certificado responsable para las IT de corta duración y en España se realizó una prueba piloto con resultados positivos para su implantación.
“Cabe señalar que, además de evitar consultas burocráticas innecesarias, disminuir la inseguridad jurídica para los médicos y, ocasionalmente, situaciones de tensión entre médico y paciente, esta medida evitaría desplazamientos de los ciudadanos a los centros de salud, contribuyendo a reducir la huella de carbono en aquellos que realizan el desplazamiento en vehículo motorizado, así como beneficiaría especialmente a las mujeres trabajadoras”, aseguran.
Asimismo, ambos presidentes se ponen a disposición ante cualquier duda surgida de la aplicación del certificado responsable para las IT de corta duración (tres o menos días), por su supuesta incidencia al alza en los costes de esta prestación, se podría realizar un proyecto piloto que analizara sus costes y beneficios, para tomar una decisión basada en la evidencia para su aplicación generalizada.
Finalmente, expresan su deseo de “que esta propuesta sea considerada, pues sería una medida muy importante para abordar uno de los problemas que está contribuyendo -entre otros- a la situación de crisis del sistema sanitario público y al malestar entre los profesionales”.